La Historia de la Defensa del Consumidor en México

La Historia de la Defensa del Consumidor en México

En México, la atención y protección hacia los consumidores se formalizó en 1976, año en el que se promulgó la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor, justo en medio del gran debate que existía sobre las consecuencias derivadas de la Guerra Fría en el mundo.

Recordemos que, durante la década de los setenta el mundo fue testigo de los distintos esfuerzos que dos modelos económicos antagónicos, liderados por los Estados Unidos de Norteamérica por un lado y por el otro la Unión Soviética, buscaban imponer su visión del mercado, cómo tenía que comportarse el consumidor y finalmente la forma en cómo los gobiernos intervenían en estos procesos.

Al final, la Unión Soviética se derrumbó. No sólo porque el comunismo fuera un sistema fallido, sino porque dar a la gente la posibilidad de elegir y opinar sobre la economía y sobre qué querían consumir, era más eficaz que tener un mercado controlado.

La defensa del consumidor inicialmente no tuvo tanta importancia

Antes del TLCAN, la economía mexicana estaba cerrada y dirigida exclusivamente por el Estado, la competencia económica era muy limitada y los controles de precios prevalecían sobre la mayoría de los productos y servicios ofrecidos a los consumidores.

Esta situación cambió drásticamente tras la firma del TLCAN, que abrió las fronteras de México a la inversión extranjera, permitió una mayor participación en el comercio internacional y permitió a las empresas ubicadas en México competir con empresas de otros países.

El gobierno mexicano promovió esta nueva apertura como una forma de aumentar la productividad y el crecimiento tanto de las empresas nacionales como de los consumidores.

Adicionalmente, México fue el primer país de América Latina en crear una organización de consumidores y el primero de la región en promulgar una ley que garantizara los derechos del consumidor, tal y como así lo ha hecho la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Posteriormente en 1993, se creó la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), cuya función clave es combatir las prácticas monopólicas y anticompetitivas dentro del territorio mexicano, apuntalando de esta forma las actividades verificadoras de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

El papel de la PROFECO y la COFECE en la defensa del consumidor

La Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor han tenido una influencia positiva en la cultura económica del país.

Por un lado, la Comisión Federal de Competencia Económica es la responsable de garantizar que las empresas ofrezcan productos adecuados sin incurrir en prácticas desleales ni otros comportamientos anticompetitivos.

Por otro lado, la Procuraduría Federal del Consumidor trabaja para proteger a los consumidores de productos inseguros, incluidos los alimentos y los medicamentos, así como de prácticas publicitarias engañosas.

La PROFECO ha logrado vincularse de manera más directa con los consumidores, ya que no sólo se encarga de protegerlos a través de mecanismos de solución de controversias, verificación y sanción, sino que cuenta con herramientas de información y comunicación muy valiosas.

La institución cuenta con la Revista del Consumidor, con comparaciones de precios a través del Programa Quién es Quién en los Precios, con comparaciones de productos a través de los Estudios de Calidad del Laboratorio del Consumidor, con programas de radio y televisión y con la página web del Portal del Consumidor.

Esta revista se publica periódicamente y cubre temas como los derechos y responsabilidades de los consumidores, cómo evitar estafas y fraudes, cómo ahorrar dinero durante la temporada navideña y mucho más. El portal se creó como una herramienta para que los consumidores estén informados sobre sus derechos y cómo pueden utilizarlos.

La historia de la defensa del consumidor en México, ha tenido una evolución satisfactoria, donde el desarrollo de las prácticas comerciales, le permite ahora a los consumidores ser agentes activos capaces de influir en el mercado.

Y mejor aún, la estructura conformada por las instituciones y las leyes, permite que los derechos de los consumidores se encuentren totalmente garantizados.