La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha tomado medidas contundentes al presentar una demanda contra la prestigiosa Grand Canyon University (GCU), su entidad matriz Grand Canyon Education, Inc. (GCE), y su líder Brian Mueller. Este movimiento legal surge alegando engaño hacia los aspirantes a estudiantes sobre los costos y requisitos de los programas de doctorado ofrecidos por esta institución con sede en Arizona.
Costos ocultos
En la demanda interpuesta ante el Tribunal Federal de Distrito de Arizona, la FTC destaca la práctica de presentar costos engañosos para los cursos de doctorado. Se alega que la institución afirmó que el costo total de los programas "acelerados" de GCU equivalía al de 20 cursos (o 60 créditos).
Sin embargo, en la realidad, la institución requería que la gran mayoría de los estudiantes de doctorado tomaran "cursos de continuación" adicionales, incurriendo así en costos adicionales que ascendían a miles de dólares.
El Departamento de Educación, respaldando las alegaciones de la FTC, informó en octubre que menos del 2% de los graduados del programa de doctorado de GCU completaron su formación dentro del costo promovido por la institución. Una multa de $37.7 millones, impuesta el 31 de octubre por el Departamento de Educación, refleja las consecuencias de una investigación que reveló que la universidad "mintió" a más de 7,500 estudiantes sobre el costo real de sus programas de doctorado.
¿Es la universidad una ONG?
Uno de los puntos álgidos de la demanda es la alegación de que, a pesar de operar como una organización sin fines de lucro, GCU era promocionada engañosamente. La FTC sostiene que Grand Canyon Education, Inc. (GCE), una empresa con fines de lucro, era el proveedor exclusivo de servicios de marketing para GCU.
Mueller, al fungir como presidente de GCU, también recibía beneficios como director ejecutivo y accionista de GCE. La FTC resalta que el 60% de los ingresos de GCU se destinaba a GCE según un acuerdo que establecía a esta última como proveedora exclusiva de la mayoría de los servicios vinculados a la universidad.
Telemercadeo: Estrategias cuestionables
Además de las alegaciones sobre costos engañosos, la FTC también señala prácticas de telemercadeo presuntamente engañosas, abusivas e ilegales. GCE, como proveedor de servicios de marketing, utilizó tácticas invasivas, como llamadas abusivas, para aumentar la inscripción en GCU.
El órgano regulador sostiene que GCE, a través de publicidad en sitios web y redes sociales, recopilaba información de posibles estudiantes en formularios digitales. Posteriormente, los vendedores telefónicos de GCE contactaban ilegalmente a personas que habían expresado su deseo de no ser llamadas, incluso aquellas registradas en el Registro Nacional de No Llamar.
La FTC, enérgica en su posición, ha solicitado al tribunal medidas correctivas que reparen a los consumidores afectados y que impidan futuras violaciones de la ley por parte de la institución.
Este caso, que involucra a una de las instituciones cristianas más grandes del país, subraya la importancia de la transparencia y la ética en la gestión de las instituciones educativas. La comunidad educativa y el público en general observarán con atención el desarrollo de este caso, esperando que se haga justicia y se restaure la confianza en el sistema educativo superior.
