En medio de la pandemia de COVID-19, el comercio en línea ha experimentado un vertiginoso crecimiento, imponiendo la necesidad imperante de salvaguardar los derechos de los consumidores a nivel internacional.
En muchos rincones del mundo, las leyes actuales no contemplan normativas de derecho internacional que amparen a los consumidores afectados por productos y servicios defectuosos provenientes de proveedores extranjeros. Esta creciente brecha en la protección de los consumidores es alarmante.
Una mirada a los desafíos actuales
La revolución digital ha brindado a los consumidores innumerables ventajas, pero también ha engendrado una variada gama de riesgos y amenazas. Entre estas amenazas se incluyen ataques cibernéticos como el spam, el phishing y las fraudes mediante suplantación o falsificación de sitios web. Además, no podemos pasar por alto la proliferación de correos fraudulentos y las tentadoras ofertas que circulan en las redes sociales. Estos peligros, que rodean el comercio en línea, han puesto en jaque la seguridad de los consumidores en todo el mundo.
México y su marco jurídico actual
Si bien México ha sido un pionero en materia de protección y defensa de los derechos de los consumidores, su marco jurídico actual se encuentra en una encrucijada ante estas nuevas amenazas. A pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dispone de un Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero, este se centra en atender a consumidores extranjeros, dejando en un estado de vulnerabilidad a los ciudadanos mexicanos que adquieren productos en el extranjero.
La iniciativa en el horizonte
En respuesta a esta problemática, los diputados han emprendido una crucial iniciativa que promete garantizar la protección de los consumidores frente a las cambiantes modalidades del comercio internacional. Pero, ¿en qué consiste esta iniciativa?
La iniciativa tiene como objetivo principal reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) con el fin de fortalecer los derechos de los consumidores en el ámbito del comercio electrónico extranjero. Para lograrlo, se propone la implementación de un principio fundamental en las relaciones de consumo: la adopción de medidas alternativas, administrativas y judiciales que aseguren reclamaciones justas, efectivas, transparentes, de bajo costo, accesibles e imparciales para los consumidores.
Asimismo, la iniciativa busca empoderar a la Profeco para coordinar actividades a nivel internacional y lograr una amplia protección de los consumidores. Esto implica la cooperación con entidades homólogas extranjeras en el intercambio de información.
La procuraduría también se compromete a participar activamente en reuniones y foros internacionales, además de tomar medidas para proteger los derechos de los consumidores nacionales. Esto incluye la publicación en su sitio web de una lista de proveedores que sistemáticamente infrinjan los derechos de los consumidores.
Sin embargo, es importante señalar que la iniciativa aún debe ser debatida y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados. Su eventual aprobación representaría un paso esencial para fortalecer la seguridad y protección de los consumidores en las transacciones internacionales.
La aprobación de esta reforma no solo consolidaría la posición de México como líder en la protección de los derechos del consumidor, sino que también sentaría un importante precedente a nivel global en la lucha contra las amenazas del comercio en línea. Es momento de impulsar la seguridad en el comercio electrónico internacional y de brindar a los consumidores la protección que merecen.
